El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la imposición de sanciones por un total de 6.3 millones de pesos a 177 candidaturas ganadoras en la reciente elección judicial, tanto a nivel federal como local, por haber aparecido en acordeones físicos y digitales utilizados para orientar el voto. Las sanciones alcanzan a integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior del Tribunal Electoral, además de algunas Salas Regionales, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
Las multas, determinadas con base en el 10% del tope de gastos de campaña de cada elección y ajustadas según la capacidad económica de cada persona sancionada, varían individualmente. En caso de que una persona tenga más de una multa y estas excedan su capacidad de pago, se podrán cubrir en plazos definidos por la Unidad Técnica de Fiscalización. Si no se cumplen, serán turnadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Multas más elevadas
Entre las sanciones impuestas destacan las dirigidas a integrantes de la próxima Suprema Corte, quienes fueron multados por figurar tanto en acordeones impresos como en digitales:
-
Loretta Ortiz: $255,017
-
Yasmín Esquivel: $190,980
-
Irene Herrerías: $138,030
-
María Estela Ríos: $125,811
-
Giovanni Figueroa: $94,358
-
Lenia Batres: $89,380
-
Arístides Guerrero: $80,555
-
Hugo Aguilar (próximo presidente de la Corte): $79,424
-
Irving Espinosa Betanzo: $79,198
También se aprobó una amonestación pública para las candidaturas que aparecieron en los acordeones pero no resultaron electas, descartándose imponerles sanciones económicas.
Debate y posturas divididas
La resolución fue aprobada por mayoría con una votación de seis votos a favor y cinco en contra. La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, votó en contra al considerar que no existe fundamento legal para imponer estas multas basándose en los topes de gasto de campaña. “No hay un asidero jurídico que permita establecer esta sanción”, argumentó.
Por su parte, el consejero Jaime Rivera advirtió que la distribución masiva de acordeones sólo pudo haberse realizado con el respaldo de grupos políticos o del crimen organizado, lo cual —subrayó— constituye una grave intervención ilegal en la elección judicial.
El consejero Uuc-kib Espadas señaló que, aunque los acordeones no definieron por sí solos el resultado de la elección, sí generaron una ventaja indebida: “No hubo acordeones mágicos, pero sí hubo beneficiarios concretos”, afirmó.
La consejera Claudia Zavala y el consejero Martín Faz lamentaron que la investigación tuviera apenas mes y medio de plazo, lo que impidió llegar al fondo del origen y financiamiento de los acordeones.
En tanto, la consejera Norma de la Cruz consideró que las sanciones eran ilegales por centrarse únicamente en candidaturas ganadoras y no en todos los involucrados.
Investigación continúa
El INE reconoció que no pudo identificar el origen ni el costo total de los acordeones distribuidos, aunque confió en que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) continúe con las investigaciones correspondientes.
La resolución abre un nuevo capítulo en el debate sobre la legitimidad y transparencia de los procesos judiciales electorales en México, al tiempo que pone en la mira los mecanismos irregulares que pueden influir en la voluntad ciudadana.
Discussion about this post