Illinois, EE. UU. — La comunidad migrante en el estado de Illinois ha reaccionado con profunda preocupación ante el envío de cartas firmadas por el Gobierno federal a nombre de niños inmigrantes, exigiéndoles abandonar de inmediato Estados Unidos y advirtiéndoles sobre posibles consecuencias legales. Los documentos, atribuidos a acciones tomadas durante la administración de Donald Trump, han sido calificados por líderes comunitarios como una medida intimidatoria, injustificada y traumática.
“Es hora de que salgas de Estados Unidos”, se lee en la primera línea de una de las misivas enviadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En el texto, las autoridades indican que se ha revocado el permiso de entrada condicional otorgado a los menores y que, si no abandonan el país voluntariamente, serán sujetos a deportación, multas civiles e incluso procesos penales.
La mayoría de los menores que recibieron estas cartas ingresaron legalmente al país bajo programas humanitarios en 2014, cuando cruzaron la frontera sin compañía de adultos y posteriormente fueron reunidos con familiares en EE. UU., principalmente en la zona de Waukegan, Illinois.
Alarmas en la comunidad
Julie Contreras, pastora y directora del santuario United Giving Hope en Waukegan, señaló que esta situación “es una barbaridad” y representa un ataque sin precedentes contra menores migrantes. “Imaginen lo que pasa por la mente de un niño al recibir una carta de esta naturaleza. Es devastador”, declaró.
De acuerdo con Contreras, tres menores se han refugiado junto a familiares en el santuario de la iglesia, mientras que un cuarto fue dejado bajo cuidado del lugar porque sus padres, indocumentados, temen ser detenidos. “Estados Unidos está perdiendo su humanidad”, afirmó.
Vulnerabilidad legal
Las leyes de inmigración actuales establecen que los menores no acompañados deben recibir protección del Gobierno federal, a través de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR). No obstante, activistas señalan que este sistema está siendo desmantelado discretamente, lo que pone en peligro a miles de niños.
Davina Casas, pastora y representante de la organización Monarquía, en Chicago, denunció que en marzo pasado la administración Trump recortó los fondos destinados a abogados que defienden a menores migrantes. A pesar de que una orden judicial provisional restableció esos recursos tras una demanda de 11 organizaciones, la situación legal sigue siendo frágil.
“La mayoría de estos niños no puede ser representada por sus propios padres en tribunales migratorios. Dependen completamente de abogados que, muchas veces, no tienen los recursos necesarios para asumir sus casos”, explicó Casas.
Cifras alarmantes
Según datos del centro TRAC de la Universidad de Syracuse, desde enero, más de 53,000 menores han recibido órdenes de deportación. De ese total, más de 8,300 eran niños de 11 años o menos, incluyendo unos 15,000 menores de 4 años.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos subrayan que muchos de estos menores siguen teniendo solicitudes de asilo pendientes o están en proceso de regularizar su situación migratoria, por lo que las cartas podrían estar violando principios básicos de debido proceso.
“Estos niños no son criminales. Son víctimas de violencia, pobreza y abandono, y están siendo aterrorizados por el sistema que se supone debe protegerlos”, concluyó Contreras.
La comunidad migrante, junto con organizaciones civiles y religiosas, ha solicitado una revisión inmediata de estas prácticas y la restauración plena de los derechos y protecciones para menores no acompañados en Estados Unidos.
