California, EE.UU.— La región agrícola de California ha iniciado una huelga de 72 horas en respuesta a las redadas migratorias realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), las cuales se han extendido desde Los Ángeles hacia los condados que abastecen de alimentos al estado.
La protesta, denominada “Huelga por la Dignidad”, fue convocada por organizaciones campesinas y activistas tras la detención de al menos 200 trabajadores agrícolas y la muerte de Jaime Alanís, un jornalero que perdió la vida al intentar evadir a agentes de ICE. Según informes, Alanís cayó desde el techo de un invernadero mientras huía, sufriendo lesiones críticas.
Los campos de cultivo en Santa Bárbara, Camarillo, Ventura, Oxnard y Carpintería se han paralizado, afectando temporalmente la producción en una de las regiones más importantes para la industria alimentaria del país.
Tensión en redadas y respuesta judicial
El jueves 10 de julio, una redada en la granja Glass House Farms, dedicada al cultivo de cannabis en Camarillo, derivó en enfrentamientos entre agentes federales, trabajadores y activistas. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó la presencia de al menos diez menores en el lugar, y denunció agresiones contra su personal.
En paralelo, organizaciones civiles, el sindicato United Farm Workers (UFW) y la ciudad de Los Ángeles promovieron un recurso judicial que resultó en dos órdenes de restricción temporales (TRO) emitidas por un tribunal federal el viernes 11 de julio. Las medidas prohíben al DHS realizar detenciones sin sospechas razonables y restringen el uso de criterios discriminatorios, como el perfil racial, el idioma hablado o la apariencia étnica.
Además, se ordenó al DHS garantizar el acceso a representación legal para las personas detenidas, incluso durante fines de semana y días festivos. Se denunció que numerosos migrantes fueron llevados a centros de detención sin contacto con abogados, violando su derecho al debido proceso.
Impacto económico y legal
La zona agrícola californiana es vital para la economía nacional, con un valor estimado de 33.9 mil millones de dólares, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Es la única región del país que produce cultivos como almendras, alcachofas, higos, granadas, nueces y es además un núcleo de producción de cannabis legal.
Ante la continuidad de las redadas, la ciudad de Los Ángeles se sumó a una demanda contra el DHS. La alcaldesa Karen Bass ha sido una de las principales voces críticas contra la estrategia federal, calificándola de inconstitucional y basada en criterios raciales.
Teresa Romero, presidenta del sindicato UFW, enfatizó:
“Los trabajadores agrícolas se levantan antes del amanecer para alimentar a este país; no hay trabajo más digno. Nadie debería ser atacado, perfilado o aterrorizado por ser moreno y trabajar duro”.
Por su parte, Armando Gudino, director de la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles, declaró:
“Con este fallo, los agentes federales están sujetos a la ley, no a la discriminación racial ni a agendas políticas”.
Angélica Salas, directora de CHIRLA (Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes), lamentó que los migrantes detenidos no hayan contado con acceso a abogados ni hayan recibido un trato digno, señalando que las redadas han sido ejecutadas como parte de una “obsesiva búsqueda de cuotas por motivos raciales”.
Un freno temporal en medio de una estrategia federal intensificada
Aunque el fallo judicial representa un avance para la defensa de los derechos civiles, su alcance es temporal. La administración federal ha reafirmado su intención de fortalecer las deportaciones, aumentando el número de personas expulsadas del país de 7,800 en 2024 a 23,500 en mayo de 2025.
La situación permanece en desarrollo, mientras comunidades agrícolas, organizaciones civiles y autoridades locales exigen una revisión profunda de las políticas migratorias y la protección de los derechos de los trabajadores esenciales.
