Miami (EE.UU.) (EFE) – Decenas de migrantes detenidos en el recién inaugurado centro de detención Alligator Alcatraz, en pleno corazón de los Everglades de Florida, denunciaron en los últimos días las condiciones infrahumanas que soportan en las carpas improvisadas, con un calor y humedad asfixiantes, escasez de agua y comida en mal estado.
Las declaraciones de testigos, detenidos y sus familiares y abogados contradicen las afirmaciones oficiales de que el lugar «cumple con todos los estándares requeridos».
Vladimir Miranda, un migrante cubano con permiso de permanencia temporal en Estados Unidos, fue arrestado en su lugar de trabajo en Orlando tras una audiencia de inmigración. Su pareja, Eveling Ortiz, aseguró al canal NBC 6 que «no ha podido bañarse, no puede usar bien el baño y no tiene acceso a abogado».
Según su relato, cuando fallan los generadores, se quedan sin electricidad, agua, teléfonos o aire acondicionado, con temperaturas que rondan los 40 grados centígrados, con 90 % de humedad.
Leamsy «La Figura» Izquierdo, artista urbano cubano arrestado la semana pasada en Miami, denunció que no ha podido bañarse en cuatro días y que las luces están encendidas permanentemente.
Las denuncias
En declaraciones a CNN, la esposa de un migrante guatemalteco detenido denunció que su esposo «no ha tenido acceso a un abogado, está rodeado de mosquitos y sin comida suficiente. Cuando hablamos, solo me repite que la situación es muy mala».
Abogados de detenidos describen el trato recibido como el de «ratas en un experimento». Denuncian comida podrida, baños desbordados de excrementos, mosquitos constantes y condiciones que vulneran derechos básicos, incluyendo el derecho a la religión, tras la supuesta confiscación de biblias.
La organización World Relief también alertó que se les prohíbe orar y practicar su fe dentro de la instalación.
La abogada Gina Fraga relató que su cliente pasó cinco días sin agua y que para asearse los detenidos están usando «cubetas de Home Depot», un almacén de construcción.
Otros detenidos indicaron que solo reciben «un sándwich al día», sin productos de higiene como cepillos dentales o jabón, y que el acceso a atención médica es extremadamente limitado.
El abogado Phillip Arroyo, que representa a un beneficiario del auxilio migratorio DACA, para jóvenes que llegaron indocumentados con sus padres, aseguró al Miami Herald que su cliente permaneció incomunicado durante días, sin acceso a un abogado, ni comida en buen estado ni condiciones mínimas de salubridad.
«Esto es una violación de derechos civiles. Mi cliente tiene estatus legal y aún así está detenido aquí sin explicación», denunció sobre el inmigrante que fue retenido en el lugar tras una parada de tráfico.
Una estructura precaria
La infraestructura, construida en apenas dos semanas, en medio de un humedal con caimanes y pitones, y sobre un viejo aeródromo municipal, a 80 kilómetros de Miami, también preocupa.
Aunque el presupuesto inicial era de 450 millones de dólares, documentos filtrados de la Agencia Federal de Manejo de Desastres (FEMA), indican que el costo ya subió a más de 600 millones de dólares.
El lugar se presentó como una «solución temporal y eficiente» por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien también le dio el nombre de ‘Alcatraz caimán’.
El complejo incluye una pista de aterrizaje funcional y está rodeado por la geografía inhóspita de los Everglades, lo que refuerza la sensación de aislamiento.
El activista Thomas Kennedy, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, acompañó a un grupo de legisladores a las instalaciones el 3 de julio, pero no se les permitió el acceso. «Los mosquitos eran una nube visible. Nos picaron niguas. Es un lugar inhabitable, construido en una zona pantanosa y de alto riesgo por huracanes», dijo.
En contraste, la portavoz de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Stephanie Hartman, dijo en un comunicado que las denuncias son «completamente falsas» y que el centro «está en buenas condiciones y cumple con todos los requisitos».
La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, exigió al fiscal general estatal acceso a las instalaciones y la creación de un equipo de monitoreo que supervise semanalmente las condiciones. También solicitó un plan de evacuación en caso de huracán, dado que la instalación se levantó en una zona de alto riesgo climático.
