Atlanta, EE.UU.— La familia Pérez, originaria del estado de Hidalgo, enfrenta una crisis económica y emocional luego de que, a inicios de junio, la madre recibió una orden de deportación en Atlanta, Georgia. Para evitar su separación, el esposo, Juan Pérez, contrató servicios legales que generaron una deuda de casi 27 mil dólares, más de medio millón de pesos mexicanos.
En entrevista, Juan relató que su esposa logró presentar sus documentos en la Corte y continuar con su defensa en territorio estadounidense, evitando ser separada de sus dos hijos nacidos en EE.UU. No obstante, los costos de su defensa han llevado a la familia a la bancarrota, poniendo en riesgo su empresa de construcción.
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Juan se dijo decepcionado por la falta de apoyo de representantes políticos y del consulado mexicano, al que acusó de corrupción y negligencia. Además, señaló que el presupuesto destinado a consulados es insuficiente frente a la creciente amenaza migratoria.
Organizaciones como la Confederación de Mexicanos en el Exterior y New Comienzos han propuesto que una parte de los impuestos recaudados por remesas se destine a la defensoría legal de migrantes. También piden que los subejercicios del presupuesto federal se etiqueten para fortalecer la protección consular.
La historia de la familia Pérez refleja la vulnerabilidad de millones de migrantes mexicanos en EE.UU., quienes, sin recursos legales adecuados, quedan a merced de un sistema migratorio cada vez más hostil.
