México.- Organizaciones civiles denunciaron este lunes que el candidato a juez en el estado occidental de Michoacán, Francisco Herrera Franco, está relacionado con el asesinato de dos periodistas, por lo que exigieron a las autoridades revisar su postulación rumbo a la elección judicial el 1 de junio.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la postulación de Francisco Herrera Franco como candidato a juez federal en materia penal”, indica un comunicado firmado por ocho ONG, entre ellas, Artículo 19 y Defensorxs.
Las ONG advirtieron que Herrera Franco, quien era apodado “el fiscal del terror” durante su gestión como fiscal regional en Michoacán (2020-2022), ha sido señalado “por su posible involucramiento” en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares, del portal Monitor Michoacán, en 2022.
“A ello se suman grabaciones filtradas en las que presuntamente pacta con líderes criminales, así como una denuncia por violencia institucional contra periodistas”, avisaron.
Agregaron que el candidato postulado por el Poder Ejecutivo enfrenta acusaciones de presuntos vínculos con la delincuencia organizada y fabricación de delitos, incluyendo extorsión a comunidades indígenas mazahuas para forzar su colaboración con organizaciones criminales, lo que provocó el levantamiento de autodefensas y una denuncia pública en su contra.
Su apodo, recapitularon, se debe a “su historial de violaciones a derechos humanos, cooptación institucional y presunto pacto con grupos criminales”, lo cual fue documentado en grabaciones filtradas donde presuntamente colabora con un líder criminal en Zitácuaro, lo que resultó en su destitución del cargo.
Ante ello, las ONG urgieron al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a revisar la idoneidad del perfil de Herrera Franco y, si no cumple con los requisitos constitucionales, retirar su candidatura “por representar un riesgo para la impartición de justicia y para los derechos humanos”.
También demandaron que la Fiscalía y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) asuman las investigaciones de los asesinatos de los periodistas y las denuncias pendientes contra el exfiscal.
“Como sociedad, no podemos permitir que quienes cuentan con serias acusaciones de corrupción, violencia y complicidad con el crimen organizado intenten ser ahora los principales responsables de la impartición de justicia”, alertaron.
Asimismo, avisaron de que este no es el único caso de aspirantes judiciales relacionados con el crimen organizado, delitos sexuales y contra la libertad de expresión, sin que hasta el momento las autoridades competentes revisen sus perfiles.
“Por la memoria de las y los periodistas asesinados, por la voz de las comunidades indígenas ignoradas y por la dignidad de nuestras instituciones”, concluye el comunicado firmado también por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Laboratorio Electoral, Politiklab, Práctica: Laboratorio para la Democracia, Mexiro y Observatorio Sonora por la Seguridad.
México se prepara para su primera elección popular del Poder Judicial el 1 de junio próximo, donde los ciudadanos elegirán entre más de 5.000 candidaturas para renovar 881 puestos judiciales, incluida la Suprema Corte de Justicia.
Con Información de Comunicado
EFE
