Brayhan Maximino ‘N’ tenía una doble vida: por un lado, trabajaba de manera estrecha con niñas, niños y adolescentes atendidos por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF Nacional); por otro, era un presunto integrante de una red nacional e internacional que comparte, almacena y produce videos sexuales con menores de edad.El 19 de noviembre, esa fachada se desplomó. Personal de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República (FGR) lo detuvieron en Chimalhuacán, Estado de México, con una orden de aprehensión por trata de personas en su modalidad de pornografía infantil. Su arresto se hizo público ese mismo día por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.A través de un boletín de prensa, la dependencia encabezada por Omar García Harfuch, contó una breve parte de su biografía: por ejemplo, que en agosto de 2008 fue deportado desde Estados Unidos hacia México por portación de arma expuesta.La parte desconocida de su vida es que, a pesar de ese antecedente, Brayhan Maximino ‘N’ estaba adscrito a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y trabajaba hasta el día anterior a su detención en una de las instalaciones del gobierno federal consideradas estratégicas para la seguridad nacional: la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), de acuerdo con documentos en poder de MILENIO.En el aeropuerto, las autoridades mexicanas revisan la información personal, documentos o motivos de viaje de cada niña, niño y adolescente que llega solo o acompañado a México.Si, por alguna razón, se sospecha que un menor haría un ingreso irregular al país o es víctima de un delito, entonces Brayhan Maximino N. entraba en contacto con ellos.Modus operandis delpederastaEl presunto pederasta entrevistaba a esos menores recién aterrizados y con sus respuestas elaboraba fichas para determinar si había que otorgarles medidas de protección.Así, extraía información sensible de esas niñas, niños y adolescentes vulnerables, como sus nombres, fechas y lugares de nacimiento, direcciones y otros datos confidenciales, incluido ciertas características de su cuerpo.Por ejemplo, el 7 de octubre, Brayhan Maximino ‘N’ entrevistó en la Terminal 1 del AICM al adolescente Luis Ángel N., de 13 años y oriundo de Colombia; él llegaba desde Medellín hasta la capital del país con su madre, quien afirmaba que viajaba con su hijo para casarse con su pareja mexicana, pero no contaba con una carta invitación a México.El hoy detenido Brayhan obtuvo del adolescente colombiano datos personales que escribió de puño y letra en un formato de Entrevista de Detección Jurídica, como su estatura, complexión, color y tipo de cabello, señas particulares y su estado físico aparente, así como su huella digital, según otro documento en poder de este diario.Hasta el momento, y por tratarse de una investigación en curso, las autoridades encargadas de judicializar el caso de Brayhan Maximino ‘N’ no han desechado la posibilidad de que algunas víctimas hayan establecido contacto con el acusado a través de su puesto en el gobierno.Una red con acceso a niñosUna fuente que proporcionó datos para reconstruir el lado oculto de esta historia, y que pidió el anonimato, cree que Brayhan Maximino ‘N’ es la base de una red de pornografía infantil que estaría enquistada en el DIF Nacional y que aprovecharía su posición para atacar a niñas, niños y adolescentes.“Esta persona tiene la capacidad de influir en la decisión de llevar un menor de edad a un albergue del DIF o de alguna asociación civil con la que el gobierno tiene convenio. Y desde ahí puede tener acceso a esa niña o niño argumentando que es personal de la Procuraduría federal que debe darle seguimiento al caso. En esa circunstancia, pueden pasar miles de cosas y eso es sólo suponiendo que se siguió el procedimiento adecuado”, dice la fuente. “Si la persona que hoy está detenida hizo algún procedimiento ilegal, pudo dirigir a una niña o niño no acompañado a un refugio que no está autorizado o, peor, a una casa particular y ahí el contacto se eleva a un nivel muy peligroso”, presume el informante, quien en el pasado ha visto cómo ocurren ese tipo de acciones fuera de los protocolos.Brayhan ‘N’ actuaba con un equipoLo más grave, asegura, es que Brayhan Maximino ‘N’ no actuaba solo. Como adscrito a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, él no decidía dónde actuar, sino que sus jefes lo mandaban a oficinas específicas. Y toda la información confidencial y privilegiada que recababa de los menores la rendía de vuelta a sus superiores.“Superiores que, por cierto, ya han estado involucrados en la comisión de posibles delitos”, asegura la fuente con un alto conocimiento del caso.“Eso nos preocupa mucho: esta no es la primera vez que en el área donde trabaja esta persona hay actos contra la niñez y de corrupción”.Los jefes, ¿presuntos implicados?Brayhan Maximino ‘N’ rendía cuentas a su jefe directo, Jorge Fernando Salcedo Flores, director de Medidas de Protección, quien a su vez tiene como jefa a la directora general de Representación Jurídica de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Dulce María Mejía Cortés. Ambos –Salcedo y Mejía– ya han estado en el ojo de la polémica.En agosto del 2023, MILENIO publicó la historia de una madre salvadoreña que después de cruzar la frontera denunció desde Estados Unidosque dos funcionarios del DIF Nacional le exigieron 3 mil dólares para “detener la deportación” de su hija de 12 años, quien permanecía en custodia en un albergue en el sur de la Ciudad de México.La extorsiónquedó asentada en grabaciones de las llamadas telefónicas. Uno de esos funcionarios extorsionadores, Leonardo Arroyo, tenía como presunto cómplice al director Jorge Fernando Salcedo. El primero fue destituido, pero el segundo mantuvo su cargo, a pesar de estar señalado directamente en ese esquema de corrupción institucionalizada.A su vez, personal de la dependencia acusó a través de una carta dirigida a la titular del DIF Nacional, Nuria Fernández, que la directora general Dulce María Mejía ocultaba información sobre los actos ilícitos de sus subalternos. Hasta la fecha tampoco se conoce si ha sido sancionada.A pesar de toda esa historia negra, ambos altos funcionarios continuaron trabajando en el DIF Nacional, ahora como los jefes de un presunto pornógrafo infantil con acceso a menores vulnerables, a quien se le encontraron cientos de fotografías y videos en dispositivos electrónicos.“Como trabajador de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Brayhan Maximino N. tenía una obligación ética y profesional de proteger a menores, no de vulnerarlos. Y está claro que él no se mandaba solo. Su posición podría haberle permitido acceso a información sensible, lo que será investigado.“La implicación de un empleado de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) afecta gravemente la confianza pública en la institución, cuestiona los procesos de contratación y pone en duda la capacidad para proteger a la niñez. ¿En manos de quiénes estamos?”, cuestiona la fuente.El área en que trabajaba Brayhan Maximino ‘N’ podía conocer entre 400 y 800 casos de niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados en un año. Una cifra que deja ver el posible tamaño de la tragedia.MILENIO buscó en varias ocasiones un comentario de la titular del DIF Nacional y de los aludidos en esta historia a través del Departamento de Comunicación Social. Hasta la fecha de la publicación de este reportaje, no hubo respuesta.HCM
