Transacciones financieras por medio de criptomonedas, un laboratorio de extracción de metanfetamina y una violencia desmedida son sólo algunos detalles sobre las operaciones que el Cártel de Sinaloa ha logrado establecer en España, a más de nueve mil kilómetros de su cuna en México.
Luego de meses de investigación y seguimiento a un caso de secuestro, la Policía Nacional y los Mozos de Escuadra desarticularon una célula criminal —compuesta principalmente por personas de origen mexicano— dedicada al narcotráfico a nivel internacional.
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El 31 de mayo de 2024, un hombre de 46 años originario de Kosovo, cuya identidad se mantiene reservada, emprendió un viaje en automóvil desde Italia con rumbo a Barcelona. Según informes compartidos por El País, le dijo a su esposa que cerraría un negocio relacionado con perfumes, pero a otro familiar le reveló el verdadero motivo de su viaje: se reuniría con jefes del grupo criminal que lo acusaban de haber perdido “una sustancia”.
Presuntamente, el líder de la célula delictiva responsabilizaba a la víctima por el extravío de un cargamento de metanfetamina líquida, la cual era enviada desde México —impregnada en prendas de ropa— a Cataluña para su posterior extracción en un laboratorio.
El kosovar llegó a un restaurante mexicano en el municipio de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) que era administrado por la esposa de Pablo “L”, identificado de forma extraoficial como el posible líder de la agrupación criminal, según reportes a los que tuvo acceso la periodista Rebeca Carranco.
Ahí, la víctima fue emboscada y secuestrada. Los miembros del cártel contactaron a su familia para exigir el pago de 240 mil euros (más de cinco millones de pesos) por su liberación, aportando una fotografía como prueba de vida. El secuestro fue denunciado ante autoridades en Italia, Kosovo y Barcelona, lo que detonó una intensa movilización en España.
Después de varias semanas sin ninguna noticia, los captores se comunicaron nuevamente con la esposa de la víctima para insistir en la entrega del dinero. La familia concretó el pago de 32 mil dólares (poco más de 650 mil pesos) en un monedero virtual de criptomonedas para que la transacción no fuera rastreada fácilmente. Sin embargo, para ese momento, el hombre ya había sido asesinado.
“En ningún momento recibieron noticias sobre la víctima y los secuestradores continuaban exigiendo nuevos pagos”, estableció la Policía Nacional en un comunicado.
