La indignación se hizo presente en las redes sociales, una vez más, tras la difusión de un video que muestra cómo vendedores ambulantes en Villa Guerrero, Estado de México, son obligados a pagar un ‘peaje especial’ para poder acceder a su lugar de trabajo. Este insólito procedimiento se ha convertido en un tema de discusión, generando cuestionamientos sobre la legalidad de estas prácticas y el rol de las autoridades en el control de las casetas.
La grabación se volvió viral rápidamente, expone una realidad que muchos preferirían ignorar, la extorsión y el abuso que enfrentan los pequeños comerciantes en su día a día. El video, capturado en la caseta Finca de Villa Guerrero, muestra de manera impactante la dinámica de cobro que se lleva a cabo en este punto de control.
En la grabación, se observa a varios vendedores acercándose a la caseta, donde la barrera permanece baja hasta que realizan el pago correspondiente. Este procedimiento no solo es inusual, sino que plantea serias dudas sobre la legalidad de las acciones de las autoridades que deberían velar por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
Una vez que los vendedores pagan su módica cuota, se les entrega un boleto como comprobante de pago, una práctica que suena más a un sistema de extorsión que a un procedimiento legítimo de cobro. La necesidad de pagar para poder ejercer su trabajo ha generado críticas y reflexiones sobre la situación de quienes dependen del comercio ambulante para subsistir.
Un sistema de cobro cuestionado
La indignación no se ha hecho esperar, donde los usuarios han comenzado a cuestionar a Caminos y Puentes Federales (Capufe) sobre la legalidad de estas prácticas. Muchos se preguntan cómo es posible que, en un país donde la economía informal es una fuente vital de ingresos para millones, se impongan cargas adicionales a quienes ya enfrentan dificultades para salir adelante.
Las redes sociales han sido testigos de la muestra su repudio ante lo que consideran una medida abusiva. Los comentarios de los usuarios han apuntado a la necesidad de que las autoridades actúen y se posicionen sobre este tema, al tiempo que exigen una revisión exhaustiva de las prácticas en las casetas de peaje.
Ante el revuelo causado por el video, Capufe se ha visto obligada a pronunciarse sobre la situación. En su respuesta, han indicado que las casetas en cuestión están bajo la administración de la Guardia Nacional. Sin embargo, esta aclaración no ha logrado aplacar la indignación generalizada, ya que muchos consideran que esta justificación no es suficiente para legitimar el cobro a los vendedores.
El argumento de Capufe sobre la responsabilidad de la Guardia Nacional en la administración de estas casetas plantea nuevas preguntas. ¿Está el organismo regulador permitiendo que se ejerza una extorsión a través de la figura de peaje? ¿Qué medidas se están tomando para salvaguardar los derechos de los vendedores ambulantes?
El impacto en la comunidad
El cobro de ‘peaje especial’ a los vendedores en la caseta de Villa Guerrero no solo tiene repercusiones económicas, sino que también afecta la cohesión social en la comunidad. Los vendedores, al verse obligados a pagar por el acceso a su lugar de trabajo, sienten que su derecho a ganarse la vida de manera digna está siendo vulnerado. Esta situación puede generar tensiones entre los comerciantes y las autoridades, así como un ambiente de desconfianza en la comunidad.
Además, la economía local se resiente, pues los costos adicionales que deben asumir los vendedores a menudo se trasladan a los consumidores, encareciendo los productos y afectando la capacidad de compra de la población en general. La dinámica de este tipo de cobros afecta no solo a los comerciantes, sino también a los habitantes de Villa Guerrero, quienes se ven obligados a pagar más por bienes que deberían ser accesibles.
Quinto Poder
A.R.
