Los trabajadores del Poder Judicial han mostrado su inconformidad ante la posibilidad de una reducción de salarios y prestaciones debido a la reforma judicial que está por implementarse. Representados por diversas organizaciones y encabezados por Patricia Aguayo, vocera de un grupo que incluye a actuarios, oficiales judiciales y notificadores, los empleados han exigido que se respete su situación laboral actual.
Exigen garantías salariales
En una mesa de trabajo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Aguayo presentó un pliego petitorio en el que destacan varias demandas clave.
La reforma, que propone la desaparición de la judicatura, ha generado incertidumbre entre los empleados de base, quienes temen que sus derechos laborales sean afectados.
Resarcimiento económico equivalente a un mes de salario por los gastos extraordinarios durante el paro.
Garantía de que no habrá reducción de salarios con la entrada en vigor de la reforma judicial.
Asegurar que la desaparición de la judicatura no afecte las condiciones laborales actuales.
No ejercer acciones legales contra quienes participaron en el paro o manifestaciones.
Que la eliminación de fideicomisos no afecte las prestaciones de los trabajadores.
Derecho a un aumento salarial acorde con el porcentaje de inflación anual.
Respeto a las condiciones laborales pactadas en los contratos colectivos.
Negociación con la Judicatura
Los miembros de la organización Circuitos Unidos enfatizaron la importancia de mantener las condiciones laborales vigentes.
“El asunto es negociar con nuestro patrón, que es la Judicatura, para asegurar que no haya afectación a los salarios y prestaciones de los trabajadores de base”, señalaron.
Por otro lado, algunos trabajadores admiten que están ansiosos por retomar sus labores, aunque la indicación es mantener el paro hasta los primeros días de octubre, esperando que con la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de la república se revisen las condiciones de trabajo.
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Futuro incierto para el Poder Judicial
El CJF decidió levantar la suspensión de plazos en todos los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, lo que implicaría poner fin al paro. No obstante, los trabajadores aún tienen la posibilidad de continuar sus manifestaciones fuera del horario laboral, dejando abierta la negociación sobre el futuro de sus salarios y prestaciones.
Las próximas semanas serán clave para determinar si las demandas de los empleados son escuchadas o si la reforma judicial sigue adelante sin modificaciones.
El Imparcial
A.A.
