Oaxaca, México – El pasado 18 de julio, Oaxaca volvió a ser testigo de la violencia que afecta a los defensores de derechos humanos en México. En esta ocasión, Lorenzo Santos Torres, un destacado activista comunitario, fue interceptado por un grupo de hombres armados mientras viajaba en una camioneta con su esposa, Marcela Girón Castro, y su hija, María Guadalupe Santos. El trágico incidente tuvo lugar cerca de la cabecera distrital Sola de Vega, en Oaxaca, sobre la carretera federal 131 Oaxaca-Puerto Escondido.
Según informes del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI), los agresores atacaron a las tres personas con armas de fuego, resultando en la muerte de todos ellos. Posteriormente, prendieron fuego al vehículo en el que viajaban, una camioneta Toyota pickup del 2016, que fue encontrada horas más tarde semi calcinada.
Trayectoria de Lorenzo Santos
Lorenzo Santos Torres, de 53 años de edad, era conocido por su labor como defensor de los derechos humanos, políticos, de la tierra y territorio en la región de la sierra sur de Oaxaca. En 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó una medida cautelar por su trabajo en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas.
Además de su activismo, Santos Torres también ocupó cargos públicos, como el de alcalde municipal de Santiago Amoltepec en 2010 y agente municipal del centro de Santiago Amoltepec en 2020. Trágicamente, en septiembre de 2013, su hijo de 10 años, Jonatán Santos, fue asesinado mientras jugaba en su domicilio.
Antecedentes de amenazas y falta de protección
A pesar de las múltiples amenazas de muerte que había recibido, Lorenzo Santos Torres había negado la protección del Protocolo de Protección a Víctimas de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca. Tras su asesinato, la FGE abrió una carpeta de investigación por el delito de Homicidio Doloso, con la principal línea de investigación apuntando a una aparente venganza.
Este trágico suceso se suma a la preocupante cifra de violencia contra defensores de derechos humanos y activistas en México. Según la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”―Red TDT―, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han registrado 92 ejecuciones extrajudiciales de defensores de derechos humanos y activistas, la mayoría por motivos políticos.
A pesar de que la incidencia de estos crímenes ha disminuido en comparación con administraciones anteriores, la violencia sigue siendo una táctica utilizada para intimidar y silenciar a quienes defienden los derechos humanos en el país. Oaxaca y Chiapas han sido los estados más afectados por estos actos de violencia, que buscan desmantelar la lucha social y la defensa de los derechos fundamentales.
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