Un juez ordenó el miércoles vincular a proceso a cinco elementos de la Guardia Nacional por su presunta relación con el homicidio de cuatro mujeres y dos menores hace unas semanas en el estado de Guanajuato, en el centro norte de México.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dijo en un comunicado que a los cinco agentes de la Guardia Nacional se les dictó prisión preventiva justificada por los delitos de desobediencia e infracción de deberes comunes. Dos civiles también fueron detenidos con relación al caso.
Los miembros de la Guardia Nacional fueron ingresados a una prisión de la V Región Militar del estado de Jalisco, en el occidente del país.
Según imágenes captadas en video y las declaraciones de dos testigos, los efectivos de la Guardia Nacional entraron al domicilio donde murieron las seis personas, y minutos después salieron con una bolsa negra, señala el comunicado.
Los testigos indicaron que escucharon detonaciones de arma de fuego después de la salida de los agentes. En las grabaciones quedó registrado el ingreso y salida del inmueble de cuatro civiles.
Los asesinatos tuvieron lugar el 9 de junio en la ciudad León, en el estado de Guanajuato. La entidad es una de las más peligrosas del país, donde los cárteles del narcotráfico mantienen una pugna por el control del territorio.
El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, había pedido revisar la actuación de los agentes de la Guardia Nacional porque, según grabaciones de cámaras de seguridad que circularon en redes sociales, un grupo entró “en un inmueble sin permiso” poco antes de que llegaran los presuntos autores del homicidio múltiple.
Por otra parte, las autoridades anunciaron el miércoles la detención de 21 personas, incluidos 10 policías que formaban parte de una presunta red de corrupción en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México.
Otros cinco policías permanecen prófugos en relación al caso, incluido el director del cuerpo policial de Nicolás Romero.
De acuerdo con las investigaciones, los policías participaban en actividades relacionadas con un grupo del crimen organizado y realizaron presuntas detenciones ilegales, homicidios y desapariciones de personas en la localidad bajo las órdenes de un cabecilla de la delincuencia organizada, quien giraba instrucciones desde el interior de un centro penitenciario, informó la fiscalía estatal.
A los policías detenidos se les vincula con dos fosas clandestinas que fueron localizadas en abril en el Estado de México, donde se encontraron los restos de diez hombres.
Los análisis forenses permitieron determinar que las víctimas fueron torturadas y asesinadas de forma violenta, y que incluso algunas de ellas fueron arrojadas a una de las fosas mientras seguían con vida.
